CAPÍTULO IV · De la potestad correctora sobre los que intervienen en los procedimientos o asisten a los actos judiciales
Artículo 155
A los testigos, peritos, traductores o intérpretes y demás personas que intervengan en el procedimiento sin pertenecer al órgano judicial militar ni ser parte y a los que asistan a las vistas o diligencias judiciales se les podrá sancionar por hechos que, sin constituir delito, supongan infracción de deberes procesales, perturben el orden, desobedezcan indicaciones o falten a la consideración debida al órgano judicial o a cuantos intervienen en el proceso.
Las sanciones que pueden imponerse son las siguientes:
Advertencia.
Expulsión de la sede del órgano judicial o del lugar donde se celebra la vista o diligencia judicial.
Multa, cuya cuantía máxima será la prevista en el Código Penal para las faltas.
Para la imposición de las dos últimas sanciones se precisará la advertencia previa, al menos una vez, si los hechos no revistieran especial trascendencia.
Artículo 156
Tienen facultad correctora para imponer las sanciones que se mencionan en el artículo anterior, dentro de sus respectivas atribuciones, los Jueces Togados militares y los Auditores Presidentes de los Tribunales Militares.
Sólo contra la sanción de multa cabrá recurso de alzada, del que conocerá la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central.