Sección 2ª. Actividad de los fondos de pensiones de empleo españoles en otros Estados miembros
Artículo 39. Ámbito y autorización para la actividad transfronteriza de los fondos de pensiones de empleo domiciliados en España
1. El ámbito de actuación de un fondo de pensiones de empleo domiciliado en España podrá incluir la actividad transfronteriza si lo prevén expresamente sus normas de funcionamiento y estas están debidamente autorizadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio Economía y Hacienda e inscritas en el Registro Mercantil y en el Registro especial administrativo de fondos de pensiones conforme al procedimiento previsto en el artículo 11. 2. La actividad transfronteriza de los fondos de pensiones de empleo domiciliados en España tendrá por objeto el desarrollo de planes de pensiones promovidos por empresas establecidas en el territorio de otros Estados miembros, cuya legislación social y laboral sea aplicable a la relación entre la empresa y los trabajadores, excluyendo: b) Los sistemas de reparto, así como aquellos en los que los empleados no tienen derechos legales a prestaciones y en los que las empresas tienen derecho a rescatar en cualquier momento los activos y no deben necesariamente cumplir sus obligaciones de pago de las prestaciones de jubilación. c) Las operaciones de gestión de fondos internos de las empresas. d) Los sistemas de pensiones aplicables a trabajadores por cuenta propia. No obstante, los fondos de pensiones de empleo españoles podrán acoger planes de pensiones promovidos por empresarios individuales para sus trabajadores establecidos en otros Estados miembros, en los que el empresario también realice contribuciones propias, y por sociedades cooperativas y laborales o empresas similares de otros Estados miembros en interés de sus socios trabajadores o de trabajo, en analogía con lo dispuesto en el artículo 4.1.a). e) Prestaciones que no tengan carácter dinerario.
Artículo 40. Integración en un fondo de pensiones de empleo autorizado y registrado en España de planes de pensiones de empleo sujetos a la legislación social y laboral de otros Estados miembros
1. La integración en un fondo de pensiones autorizado y registrado en España de un plan de pensiones de empleo promovido por una o varias empresas sujeto a la legislación social y laboral de otro Estado miembro, requerirá las siguientes comunicaciones previas: b) En un plazo máximo de tres meses desde la recepción de la información señalada en la letra a), la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la comunicará a la autoridad competente del Estado miembro de acogida e informará de dicha comunicación a la gestora del fondo de pensiones. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá acordar no practicar la referida comunicación a la autoridad del Estado miembro de acogida, mediante resolución motivada que determine que la estructura administrativa, la situación financiera del fondo o la reputación o cualificación profesional o experiencia de las personas que dirigen la entidad gestora, no son compatibles con la actividad transfronteriza propuesta o que ponga de manifiesto alguna de las circunstancias previstas en esta Ley como causas de revocación de las autorizaciones administrativas, de disolución o de adopción de medidas de control especial. Dicha resolución motivada deberá emitirse y ser notificada a la entidad gestora del fondo de pensiones dentro del indicado plazo de tres meses. Esta resolución, que no agota la vía administrativa, será susceptible de recurso de alzada y contencioso-administrativo. c) El Estado miembro de acogida, durante el plazo de seis semanas desde la recepción de la comunicación prevista en la letra b), informará a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acerca de: 2.º Las obligaciones en materia de información a los partícipes y beneficiarios exigibles a los fondos de pensiones autorizados en el Estado miembro de acogida, de conformidad con lo previsto en el artículo 38.5. 2. A partir de que la entidad gestora reciba la información señalada en el apartado 1.c), o bien, una vez transcurrido el plazo de seis semanas previsto en dicha letra c) sin haber recibido comunicación alguna de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, podrá efectuarse la integración del plan de pensiones en el fondo mediante acuerdo expreso de admisión adoptado por la comisión de control del fondo o, en defecto de esta, por la entidad gestora. 3. Efectuada la integración del plan de pensiones en el fondo, la gestora deberá comunicarla a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones dentro del plazo de 10 días hábiles desde la adopción del acuerdo de admisión, y acompañará al menos: b) La denominación y domicilio de la empresa o empresas promotoras. c) Las condiciones generales y, en su caso, la base técnica del plan, redactadas o traducidas al castellano. 4. Cuando las relaciones laborales de una empresa promotora o conjunto de empresas promotoras se sujeten a distintas legislaciones nacionales en la medida que cuenten con trabajadores en distintos Estados miembros susceptibles de incorporarse al fondo de pensiones, a los efectos previstos en este artículo se identificarán tantos planes de pensiones como Estados miembros de acogida. No obstante, podrá considerarse un único plan comprensivo de distintos subplanes, correspondientes a los distintos Estados miembros de acogida, si las autoridades competentes de estos no formularen objeción al respecto. No obstante lo anterior, podrán identificarse distintos planes de pensiones para colectivos de trabajadores de una empresa, sujetos a la legislación social y laboral de un mismo Estado miembro, adscritos a un fondo de pensiones o a distintos fondos de pensiones. En todo caso, los trabajadores cuyas relaciones laborales se sujeten a la legislación española deberán figurar incorporados a un plan de pensiones de empleo de los regulados en los capítulos I a III. 5. La persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, previa audiencia de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, podrá dictar normas más detalladas relativas a los procedimientos registrales y de comunicaciones regulados en este artículo.
Artículo 41. Desarrollo de planes de pensiones de empleo sujetos a la legislación social y laboral de otros Estados miembros adscritos a fondos de pensiones autorizados y registrados en España
1. El régimen de aportaciones, contingencias, prestaciones, movilidad y liquidez de los derechos consolidados y económicos de los planes de pensiones sujetos a la legislación de otros Estados miembros será el establecido en sus especificaciones de acuerdo con lo previsto en su legislación nacional y en los acuerdos entre empresas y trabajadores. A las aportaciones no les serán aplicables los límites del apartado 3 del artículo 5 establecidos para los planes de pensiones sujetos a la legislación española, sin perjuicio de los límites sobre aportaciones, prestaciones o derechos devengados que, en su caso, establezca la legislación nacional aplicable al plan. 2. El plan de pensiones deberá ajustarse a sistemas financieros y actuariales de capitalización individual y, en la medida que asuma riesgos biométricos y/o se garantice el resultado de la inversión o un nivel determinado de prestaciones, deberá adecuarse su funcionamiento a unas bases técnicas y constituirse provisiones técnicas suficientes. Las bases técnicas y los cálculos actuariales y, en especial, el cálculo de provisiones técnicas deberán realizarse por actuario. En todo caso, los métodos actuariales, los tipos de interés, tablas demográficas y otras hipótesis utilizados deberán ser adecuados a los criterios establecidos en la materia por la normativa española sobre planes y fondos de pensiones contenidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El uso de las tablas biométricas se hará tomando en consideración las características del grupo de partícipes y del plan de pensiones y los cambios que puedan producirse en los riesgos pertinentes. Asimismo, serán aplicables las disposiciones de la normativa española sobre margen de solvencia de los planes de pensiones contenidas en las normas de desarrollo de esta Ley. Las exigencias de margen de solvencia serán aplicables a cada plan de pensiones adscrito al fondo. Cada plan deberá mantener los recursos propios adicionales a las provisiones técnicas, que integran el margen de solvencia, imputables exclusivamente a su cuenta de posición y a sus partícipes y beneficiarios. El sistema financiero y actuarial de cada plan de pensiones deberá ser revisado en los términos establecidos en el apartado 5 del artículo 9 de esta Ley y en las normas que la desarrollen. 3. Los planes de pensiones de empleo sujetos a la legislación social y laboral de otros Estados miembros adscritos a fondos españoles no precisarán constituir la comisión de control del plan regulada en el artículo 7, sin perjuicio, en su caso, de los órganos o instancias de representación o participación de empresas y trabajadores, establecidos en virtud de pacto o conforme a los usos o la legislación del Estado miembro de acogida, para la supervisión del funcionamiento del plan y las relaciones con la entidad gestora y, a través de esta, con la autoridad competente española. 4. Las obligaciones de la entidad gestora en materia de información a los partícipes y beneficiarios de los planes de pensiones a que se refiere esta sección serán las impuestas por las autoridades y la legislación del Estado miembro de acogida a los fondos de pensiones de empleo autorizados en su territorio, dictadas como transposición a su normativa interna de lo previsto en el Título IV de la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016. La información referida deberá estar disponible en una lengua oficial del Estado miembro de acogida. 5. El plan de pensiones mantendrá una cuenta de posición en el fondo de pensiones de empleo. Serán de aplicación las normas y límites sobre inversiones y comisiones de gestión y depósito contenidas en esta Ley y en sus normas de desarrollo aplicables a los fondos de pensiones autorizados y registrados en España. Los activos del fondo de pensiones no responderán de las deudas de los promotores de los planes. 6. La cuenta de posición del plan de pensiones podrá movilizarse a otro fondo de pensiones de empleo autorizado en cualquier Estado miembro, a cuyo efecto será aplicable el procedimiento de transferencias transfronterizas regulado en el artículo 50. 7. La entidad gestora del fondo de pensiones deberá comunicar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la terminación de los planes de pensiones a que se refiere este artículo, informará sobre el proceso de liquidación y transferencia de activos y pasivos del plan a otra institución financiera o similar de acuerdo a lo establecido en la legislación del Estado de acogida y deberá facilitar a los partícipes y beneficiarios, o a sus representantes, una descripción general del procedimiento. A los planes de pensiones a que se refiere este artículo les serán de aplicación las causas de terminación previstas en el artículo 5.4.c) y d), sin perjuicio de otras causas de terminación establecidas en sus especificaciones o en la legislación nacional aplicable al plan. En la liquidación del plan, el destino de los derechos consolidados de los partícipes y económicos de los beneficiarios se ajustará a lo previsto en los acuerdos correspondientes, en las especificaciones del plan o en la legislación nacional aplicable al plan. La ausencia de actividad, de partícipes, beneficiarios y recursos en un plan de pensiones sujeto a la legislación de otro Estado miembro, durante un plazo superior a un año, será causa de baja del plan en el Registro administrativo de fondos de pensiones.
Artículo 42. Control y supervisión administrativa de los planes de pensiones de empresas de otros Estados miembros adscritos a fondos de pensiones domiciliados en España
1. Corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y sus Servicios de Inspección, el control y supervisión del desarrollo de los planes de pensiones de empresas sujetos a la legislación social y laboral de otros Estados miembros, adscritos a fondos de pensiones domiciliados en España. Las disposiciones del Capítulo IX de esta Ley serán igualmente aplicables en el caso de que los fondos de pensiones sujetos a la competencia de la autoridad española integren planes de pensiones promovidos por empresas de otros Estados miembros; en tal caso, se entenderán hechas a dichos planes las realizadas al plan o planes de pensiones. 2. La revocación de la autorización administrativa de un fondo de pensiones en los términos del artículo 31 conlleva la revocación de la autorización para la actividad transfronteriza. 3. Cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 34 para la adopción de medidas de control especial, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá prohibir o restringir la actividad transfronteriza de un fondo de pensiones, así como exigir la separación estricta de activos y pasivos. 4. La autoridad del Estado miembro de acogida conservará la facultad de supervisión del cumplimiento de la legislación social y laboral aplicable al plan de pensiones y de las obligaciones de información a que se refiere el apartado 4 del artículo 41. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones colaborará con la autoridad del Estado miembro de acogida para la adopción de las medidas que sean precisas para poner fin a las irregularidades que se pongan de manifiesto en los referidos aspectos. Los incumplimientos de la legislación social y laboral y de las obligaciones de información, de los que sean responsables las personas y entidades a que se refieren el apartado 1 del artículo 35 y el apartado 5 del artículo 24, constituirán infracción de las normas de ordenación y supervisión de planes y fondos de pensiones, sancionable conforme a lo previsto en la Sección 4.ª del Capítulo IX, y podrán dar lugar a la adopción de medidas de control especial previstas en el artículo 34, así como a la prohibición o restricción de la actividad transfronteriza del fondo de pensiones. Si, a pesar de las medidas adoptadas, persistieran dichas irregularidades, las autoridades del Estado miembro de acogida, tras informar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, podrán adoptar las que estimen apropiadas para impedir o penalizar futuras irregularidades, incluida la posibilidad de que el fondo de pensiones integre y desarrolle el plan de la empresa promotora.