TÍTULO V · Competencias de ejecución y cooperación administrativa

Artículo 73. Autoridades competentes

1. Se designan como autoridades competentes españolas a los Departamentos Ministeriales de la Administración General del Estado y órganos designados por las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, que figuran en el Anexo X, en relación con las distintas profesiones y actividades reguladas en España que se recogen en el Anexo VIII. 2. Las autoridades competentes españolas colaborarán estrechamente y se prestarán asistencia recíproca con las de los demás Estados miembros, con el fin de facilitar la aplicación del sistema de reconocimiento de cualificaciones profesionales a que se refiere el presente real decreto. En especial, intercambiarán información relativa a la acción disciplinaria o a las sanciones penales adoptadas o a cualquier otra circunstancia grave y concreta que puedan tener consecuencias para el ejercicio de actividades con arreglo al presente real decreto. Esta colaboración se efectuará también, en su caso, a través de los instrumentos que establezca la Comisión Europea. 3. Cuando la autoridad competente española reciba un requerimiento de información de la naturaleza reseñada en el apartado anterior, examinará la veracidad de los hechos y decidirá acerca de la naturaleza y el alcance de las investigaciones que deban realizarse, comunicando al Estado miembro que haya solicitado la información las conclusiones que hayan extraído en relación con la información transmitida. 4. Cualquier intercambio de información quedará sometido a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en su normativa de desarrollo, así como, en su caso, a la normativa comunitaria que sea de aplicación.

Artículo 74. Coordinación de las actividades de las autoridades competentes

1. Se designará a la persona coordinadora de las actividades de las autoridades competentes y notificará dicha designación a través de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, a los demás Estados miembros y a la Comisión. 2. Las funciones de coordinación serán las siguientes: b) Recopilar toda la información necesaria para la aplicación del presente real decreto, especialmente la relativa a las condiciones de acceso a las profesiones reguladas en los Estados miembros. Para cumplir esta función podrán solicitar la ayuda de los puntos de contacto designados por los Estados miembros de acuerdo con el artículo 57 de la Directiva 2005/36/CE. 4. La persona coordinadora, en colaboración con las autoridades competentes, será responsable de elaborar el informe sobre la aplicación del sistema, incluyendo un resumen estadístico de las decisiones adoptadas y una descripción de los principales problemas detectados, que debe remitirse a la Comisión cada dos años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60.1 de la Directiva 2005/36/CE.

Artículo 75. Punto de contacto

1. Se establecerá un punto de contacto con el cometido de informar sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales y garantizar la transparencia del sistema, y lo comunicará a los demás Estados miembros y a la Comisión. 2. El punto de contacto desempeñará las funciones siguientes: b) Ayudar a los ciudadanos al ejercicio efectivo de los derechos que les confiere el presente real decreto, incluso, en su caso, mediante la cooperación con los demás puntos de contacto y las autoridades competentes.

Artículo 76. Comité para el reconocimiento de cualificaciones profesionales

1. Se designará a los representantes que integren la delegación española en el Comité para el Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales a que se refiere el artículo 58 de la Directiva 2005/36/CE. 2. Será responsabilidad de dichos representantes la coordinación con las distintas autoridades competentes españolas, y en su caso la consulta a las correspondientes organizaciones colegiales, cuando resulte necesario en función de los temas a tratar por dicho Comité, para establecer las intervenciones, las posiciones o el sentido del voto, en su caso, de la delegación española en el Comité. Excepcionalmente, y previa autorización del Presidente del Comité en los términos previstos en su reglamento interno, la delegación española podrá ir acompañada de algún experto en la materia de que se trate.

Disposición adicional primera. Mecanismos de cooperación

La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas podrán establecer mecanismos de cooperación para armonizar la aplicación del sistema de reconocimiento de cualificaciones profesionales regulado en el presente real decreto, así como para que las resoluciones de reconocimiento de cualificaciones profesionales adoptadas por las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas puedan producir efectos en todo el territorio nacional.

Disposición adicional segunda. Prevención del fraude y otras prácticas ilícitas

1. Las autoridades competentes adoptarán las medidas adecuadas para prevenir el fraude y otras prácticas ilícitas relacionadas con el proceso de titulación o expedición de títulos, sin que en ningún caso puedan surtir efectos, en aplicación del presente real decreto, los títulos españoles o de otros Estados miembros obtenidos en fraude de ley o mediante prácticas ilícitas. 2. Las autoridades competentes velarán para evitar que las disposiciones del presente real decreto puedan ser utilizadas por ciudadanos españoles para substraerse de una manera abusiva de la aplicación del Derecho nacional en materia de profesiones. 3. Las personas cuyas cualificaciones profesionales españolas hayan sido reconocidas en otro Estado miembro, no pueden hacer valer ese reconocimiento para obtener en España otros derechos diferentes de los que les confiere la cualificación profesional obtenida en España, a menos que acrediten que han obtenido además otras cualificaciones profesionales en el otro Estado miembro.

Disposición adicional tercera. Registros de Profesionales Sanitarios

Las disposiciones de desarrollo a que se refiere la disposición final cuarta establecerán los mecanismos necesarios para la inclusión, en el Registro de Profesionales Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y en los Registros de Profesionales Sanitarios de las Comunidades Autónomas, de los datos correspondientes a los reconocimientos concedidos para el ejercicio de profesiones sanitarias.

Disposición adicional cuarta. Espacio Económico Europeo

La expresión «Estado(s) miembro(s) de la Unión Europea» que figura a lo largo del articulado de este real decreto incluye a los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, suscrito en Oporto el 2 de mayo de 1992 y ratificado por España el 26 de noviembre de 1993, en los términos establecidos en la modificación que se efectúe en dicho Acuerdo para incorporar la Directiva 2005/36/CE.

Disposición adicional quinta. Acceso al empleo público

El acceso al empleo público en España, de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, se regirá por la normativa general en materia de Función Pública: artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y sus normas de desarrollo.

Disposición adicional sexta. Designación de autoridades competentes

La designación de las autoridades competentes a que se refieren los artículos 74, 75 y 76 corresponderá a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, previa consulta con los Ministerios que tengan asignadas profesiones contempladas en los Anexos de este Real Decreto.

Disposición transitoria primera. Procedimientos en tramitación

1. Los procedimientos de reconocimiento de cualificaciones profesionales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto continuarán su tramitación y se resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su iniciación. 2. Hasta tanto se dicten las normas de desarrollo de este real decreto a las que se refiere la disposición final cuarta, seguirán aplicándose, con su propio rango y en cuanto no se opongan al mismo, las disposiciones dictadas para el desarrollo y aplicación de los reales decretos que se derogan.

Disposición transitoria segunda. Auditoría de cuentas

En tanto se produzca la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2006/43/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, el reconocimiento para el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas se regirá por lo dispuesto en el presente real decreto. La autoridad competente para dicho reconocimiento será el Ministerio de Economía y Hacienda.

Disposición derogatoria única

1. Quedan derogados los siguientes reales decretos: Real Decreto 1081/1989, de 28 de agosto, por el que se regula el reconocimiento de certificados, diplomas y otros títulos del sector de la arquitectura de los Estados miembros de la Unión Europea, así como el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios, modificado por los Reales Decretos 314/1996, de 23 de febrero, 905/2001, de 27 de julio, y 1171/2003, de 12 de septiembre. Real Decreto 1667/1989, de 22 de diciembre, por el que se regula el reconocimiento de diplomas, certificados y otros títulos de farmacia de los Estados miembros de la Unión Europea, así como el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento, modificado y ampliado por Real Decreto 1595/1992, de 23 de diciembre, y modificado por Real Decreto 1171/2003, de 12 de septiembre. Real Decreto 1691/1989, de 29 de diciembre, por el que se regula el reconocimiento de diplomas, certificados y otros títulos de médico y de médico especialista de los Estados miembros de la Unión Europea, el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios, modificado por los Reales Decretos 2072/1995, de 22 de diciembre, 326/2000, de 3 de marzo, y 1171/2003, de 12 de septiembre. Real Decreto 305/1990, de 23 de febrero, por el que se regula el reconocimiento de diplomas, certificados y otros títulos de enfermeros responsables de cuidados generales de los Estados miembros de la Unión Europea, el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios, modificado y ampliado por Real Decreto 1275/1992, de 23 de octubre, y modificado por Real Decreto 1171/2003, de 12 de septiembre. Real Decreto 1017/1991, de 28 de junio, por el que se regula el reconocimiento de diplomas, certificados y otros títulos de matrona o asistente obstétrico de los Estados miembros de la Comunidad Europea, así como el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios, modificado por los Reales Decretos 279/1994, de 18 de febrero, y 1171/2003, de 12 de septiembre. Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, por el que se regula el sistema general de reconocimiento de títulos de enseñanza superior de los Estados miembros de la Unión Europea, y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que exigen una formación mínima de tres años de duración, modificado por los Reales Decretos 767/1992, de 26 de junio, 2073/1995, de 22 de diciembre, 1754/1998, de 31 de julio, 411/2001, de 20 de abril, 253/2003, de 28 de febrero, y 1171/2003, de 12 de septiembre. Real Decreto 675/1992, de 19 de junio, por el que se regula el reconocimiento de diplomas, certificados y otros títulos de odontólogo de los Estados miembros de la Unión Europea, así como el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios, modificado por Real Decreto 1171/2003, de 12 de septiembre. Real Decreto 1396/1995, de 4 de agosto, por el que se regula un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales de los Estados miembros de la Unión Europea y de los demás Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, modificado por los Reales Decretos 1754/1998, de 31 de julio, 784/2001, de 6 de julio, 253/2003, de 28 de febrero, y 1171/2003, de 12 de septiembre. Real Decreto 253/2003, de 28 de febrero, por el que se incorpora al ordenamiento español la Directiva 1999/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de junio de 1999, por la que se establece un mecanismo de reconocimiento de títulos respecto a las actividades profesionales a que se refieren las Directivas de liberalización y de medidas transitorias.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 607/1986, de 21 de marzo, para el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios de los abogados

Se modifica el artículo 2 del Real Decreto 607/1986, de 21 de marzo, para el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios de los abogados, que queda redactado del siguiente modo:

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 936/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el ejercicio permanente en España de la profesión de abogado con titulo profesional obtenido en otro Estado miembro de la Unión Europea

Se modifica el artículo 2 del Real Decreto 936/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el ejercicio permanente en España de la profesión de abogado con título profesional obtenido en otro Estado miembro de la Unión Europea, cuya letra a) queda redactada como sigue:

Disposición final tercera. Incorporación de derecho de la Unión Europea

Mediante este real decreto se incorporan al derecho español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se adaptan determinadas Directivas en el ámbito de la libre circulación de personas, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumania a la Unión Europea.

Disposición final cuarta. Desarrollo normativo

Corresponde a los Ministros coproponentes de este real decreto, sin perjuicio de lo que dispongan las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el mismo.

Disposición final quinta. Actualización de los Anexos

Los Anexos del presente real decreto serán actualizados, cuando resulte necesario, por Orden del Ministro de la Presidencia, a propuesta conjunta del Ministro o Ministros competentes por razón de la materia y del Ministro de Economía y Hacienda, que será adoptada previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Disposición final sexta. Entrada en vigor

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».