CAPÍTULO II · Régimen sancionador
Artículo 34. Infracciones
b) El incumplimiento de la obligación de mantener actualizado el registro de la evaluación de riesgos en las actividades de utilización confinada. c) La realización de actividades de utilización confinada de organismos modificados genéticamente con incumplimiento de los principios y prácticas correctas de microbiología. b) La realización de actividades de utilización confinada sometidas a comunicación sin respetar las condiciones impuestas o los plazos determinados por la Administración competente. c) La realización, sin la debida autorización administrativa, de actividades de utilización confinada realizadas con organismos modificados genéticamente cuando dicha autorización sea preceptiva. d) El incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización de las actividades de utilización confinada. e) El incumplimiento de la obligación de informar a la Administración en los supuestos en que así se prevea, siempre que no exista un riesgo grave. f) La falta de aplicación de las medidas de confinamiento y de seguridad e higiene en el trabajo. g) La falta de colaboración en la labor de inspección y vigilancia de la Administración competente. h) El ocultamiento o falseamiento de datos, así como la negativa a suministrar la información solicitada por la Administración competente o el retraso intencionado en el suministro de dicha información. i) El incumplimiento de cualesquiera otros requisitos, condiciones o prohibiciones que para cada actividad se establecen, o la omisión de los actos a que obliga. j) El incumplimiento de los requisitos de etiquetado de los organismos modificados genéticamente y de los productos que los contengan. k) El incumplimiento de los requisitos de trazabilidad que se establezcan reglamentariamente. l) La importación, exportación y tránsito de organismos modificados genéticamente incumpliendo los requisitos establecidos en las normas comunitarias o internacionales en vigor. b) El incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización de las actividades de liberación voluntaria y comercialización. c) El incumplimiento del deber de informar inmediatamente a la Administración competente de la existencia de un riesgo o daño sobrevenido grave, así como por cualquier tipo de accidente o incidente. d) La falta de cumplimiento de las medidas previstas en el plan de emergencia en los casos señalados en el párrafo c). e) La importación y exportación de organismos modificados genéticamente sin contar con la correspondiente autorización del país de destino, de acuerdo con las normas comunitarias o internacionales en vigor.
Artículo 35. Sanciones
2.ª Cierre parcial con carácter temporal de las instalaciones en las que se ha cometido la infracción. 2.ª Cese temporal de las actividades. 3.ª Cierre temporal, total o parcial, de las instalaciones en las que se cometió la infracción. 4.ª Decomiso de los organismos modificados genéticamente o de los productos que los contengan. 5.ª Prohibición de comercialización de un producto. 6.ª Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en esta ley por un período de tiempo no superior a un año. 7.ª Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo no superior a un año. 2.ª Cese definitivo o temporal de las actividades. 3.ª Clausura definitiva o cierre temporal, total o parcial, de las instalaciones donde se ha cometido la infracción. 4.ª Decomiso de los organismos modificados genéticamente o de los productos que los contengan. 5.ª Prohibición de comercialización de un producto. 6.ª Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en esta ley por un período de tiempo no inferior a un año ni superior a 10. 7.ª Revocación de la autorización o suspensión de ésta por un tiempo no inferior a un año ni superior a 10. 8.ª Publicación, a través de los medios que considere oportunos, de las sanciones impuestas, una vez que éstas hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, en su caso, jurisdiccional, así como los nombres, apellidos o denominación o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables y la índole y naturaleza de las infracciones. 3. Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por la comisión de la infracción, la sanción será aumentada, como mínimo, hasta el doble del importe en que se haya beneficiado el infractor. 4. El órgano al que corresponda resolver el procedimiento sancionador determinará el destino final que deba darse a los organismos modificados genéticamente o a los productos que los contengan que hayan sido decomisados. Los gastos que originen las operaciones de destrucción de aquéllos serán de cuenta del infractor.
Artículo 36. Medidas cautelares
Artículo 37. Medidas de carácter provisional
b) Suspensión temporal de la autorización para el ejercicio de la actividad. c) Inmovilización de los organismos modificados genéticamente o de los productos que los contengan. d) Cualesquiera otras medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del daño.
Artículo 38. Obligación de reponer, multas coercitivas y ejecución subsidiaria
Cuando los daños fueran de difícil evaluación se aplicarán, conjunta o separadamente, los siguientes criterios: coste teórico de la restitución y reposición, valor de los bienes dañados, coste del proyecto o actividad causante del daño y beneficio obtenido con la actividad infractora. 2. Si, una vez finalizado el procedimiento sancionador y transcurridos los plazos señalados en el correspondiente requerimiento, el infractor no procediera a la reposición o restauración establecida en el apartado anterior, el órgano competente podrá acordar la imposición de multas coercitivas, cuya cuantía no superará un tercio de la multa prevista para el tipo de infracción cometida. 3. Asimismo, la Administración competente podrá proceder a la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa.
Disposición adicional primera. Marcadores de resistencia a los antibióticos
Disposición adicional segunda. Órganos colegiados
b) La Comisión Nacional de Bioseguridad, órgano consultivo de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, que informará preceptivamente las solicitudes de autorización correspondientes, estará compuesta por representantes de los departamentos ministeriales, de las comunidades autónomas que lo soliciten, así como de personas e instituciones expertas o que tengan competencias en las materias comprendidas en esta ley. 3. Estos órganos colegiados estarán adscritos al Ministerio de Medio Ambiente, que facilitará los recursos necesarios para su correcto funcionamiento. Su composición y funciones se establecerán reglamentariamente.
Disposición adicional tercera. Registros
Adscrito al Ministerio de Medio Ambiente existirá un registro central que se nutrirá de los datos de que disponga el propio departamento y de los que le proporcionen las comunidades autónomas.
Disposición adicional cuarta. Silencio administrativo
Disposición adicional quinta. Tramitación y procedimiento
2. Los plazos para la realización de los actos ante la Comisión de las Comunidades Europeas y los restantes Estados miembros que se regulan en esta ley se contarán desde las fechas que para estos casos reglamentariamente se determinen.
Disposición transitoria primera. Solicitudes de autorización pendientes de resolución
Disposición transitoria segunda. Renovación de autorizaciones de comercialización anteriormente concedidas
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio del Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 15/1994 y vigencia temporal de órganos colegiados
2. Asimismo, los órganos colegiados previstos en la Ley 15/1994 y en el Reglamento general para su desarrollo y ejecución subsistirán y desempeñarán las funciones que tienen atribuidas hasta la constitución de los nuevos órganos colegiados previstos en esta ley.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Disposición final primera. Fundamento constitucional
Disposición final segunda. Obligación de información
2. Las solicitudes de autorización de liberaciones voluntarias que corresponda resolver a las comunidades autónomas se pondrán en conocimiento del Ministerio de Medio Ambiente, para que el Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente pueda formular observaciones, y para que dicho departamento remita la documentación correspondiente a la Comisión Europea. El Ministerio de Medio Ambiente las pondrá en conocimiento de las demás comunidades autónomas para que emitan los comentarios o sugerencias que estimen oportunos. Igualmente, las solicitudes de autorización de liberaciones voluntarias y de comercialización que corresponda resolver al Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente serán puestas a disposición de las comunidades autónomas para que formulen sus observaciones.