GTI-LESIVI. Declaración de lesividad de actos anulables

Es el procedimiento mediante el cual la Administración declara lesivo para el interés público un acto previamente dictado por ella, que es favorable para los interesados y que sea anulable conforme a lo dispuesto en el artí­culo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí­dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (LRJPAC) (art. 103 LRJPAC), para proceder posteriormente a su impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Los casos en que los actos de las Administraciones Públicas son anulables son los siguientes:

1. Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurí­dico, incluso la desviación de poder.
2. No obstante, el defecto de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados.
3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo implicará la anulabilidad del acto cuando así­ lo imponga la naturaleza del término o plazo.

La propia administración de oficio. La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad corresponde a la Alcaldesa-Presidenta.

Art. 63, 84 y 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí­dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminsitrativo Común.

Esta ficha tiene efectos informativos, ante cualquier contradicción ente la misma y las ordenanzas y la legislación aplicable primarán estás.

En cuanto al organismo resolutor: La declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.

En cuanto  a los efectos presuntos: Transcurrido el plazo de 6 meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo.