Sección 1.ª Requisitos relativos al lugar de establecimiento de las entidades, a su estatuto o reglamento de funcionamiento y al ámbito territorial de los litigios en que intervengan
Artículo 5. Lugar de establecimiento de las entidades de resolución alternativa
1. Las entidades de resolución alternativa deben estar establecidas en España. 2. A estos efectos, se entiende que una entidad de resolución alternativa se encuentra establecida en España en los siguientes supuestos: b) Si está gestionada por una persona jurídica o por una asociación de personas físicas o jurídicas, cuando realice actividades de resolución alternativa de litigios o tenga su domicilio social en España. c) Si está gestionada por una autoridad u organismo público, o adscrita a los mismos, cuando tenga su sede en España.
Artículo 6. Estatuto o reglamento de funcionamiento de las entidades de resolución alternativa
1. Las entidades de resolución alternativa deberán disponer de un estatuto o reglamento de funcionamiento que conste en soporte duradero, sea fácilmente accesible para todos los ciudadanos e incluya, al menos, los siguientes aspectos: b) El tipo de litigios que resuelven y las causas de inadmisión a trámite de las reclamaciones. c) Toda la información relativa al procedimiento que, de conformidad con lo establecido en esta ley, vengan obligadas a proporcionar a las partes, antes, durante o después del procedimiento, así como aquella relativa a los efectos jurídicos del resultado del procedimiento y su coste para las partes. Esta información se proporcionará de forma clara y comprensible. d) La forma de nombramiento, cualificación y experiencia de las personas encargadas de resolver el litigio.
Artículo 7. Ámbito territorial de los litigios en que intervengan las entidades de resolución alternativa
Las entidades de resolución alternativa deben ofrecer o llevar a cabo procedimientos que resuelvan litigios en materia de consumo de carácter nacional y transfronterizo, en línea o no, incluidos aquellos cubiertos por el Reglamento (UE) n.º 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013.