Registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin título habilitante

Se trata de un registro de carácter administrativo donde se deben inscribir las viviendas adquiridas en un proceso de ejecución hipotecaria mediante compensación o bien por pago de deuda con garantía hipotecaria, que no dispongan de un contrato que habilite para su ocupación.

Este registro depende de la Agencia de la Vivienda de Cataluña.

Este trámite se puede solicitar en cualquier momento.

A la fecha de entrada en vigor del decreto ley 1/2015, los titulares de las viviendas que se encuentren en esta situación, tienen 3 meses de plazo para hacer la inscripción al Registro (hasta el 27 de junio de 2015).

Mientras no se apruebe el reglamento que despliega el decreto ley 1/2015, los titulares de las viviendas que se encuentren en esta situación tienen 15 días como máximo desde la fecha de adquisición de la vivienda, para comunicar a la Agencia de la Vivienda de Cataluña si se ha producido la adjudicación, el cese de la desocupación, las obras de rehabilitación o los datos de la transmisión de la vivienda, según el caso.

Los titulares de estas viviendas deberán comunicar a la Agencia de la Vivienda de Cataluña los siguientes datos:

• La adjudicación a favor suyo o a favor de uno tercero, de la vivienda en cuestión
• La identificación del anterior titular
• El importe con que se ha adjudicado
• Si procede, la fecha del lanzamiento o la desocupación

Los titulares de las viviendas inscritas también deberán comunicar:

• Las circunstancias y condiciones en la que cese la condición de desocupación
• La ejecución de obras de rehabilitación o reforma que justifiquen la desocupación temporal
• Los datos relativos a la transmisión de las viviendas objeto de inscripción

Se puede presentar el impreso de inscripción desde la entrada en vigor de este decreto ley a:

• Sedes de la Agencia de la Vivienda de Cataluña
• En los puntos que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y por los que establece el artículo 25 de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

Se establecerá por reglamento si hay algún plazo específico.