Real Decreto-ley 7/2018, de acceso universal al Sistema Nacional de Salud

El Real Decreto-ley 7/2018 se creó para garantizar el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS) en España, revirtiendo las restricciones impuestas en 2012 que limitaban el acceso a la atención sanitaria a ciertos grupos de inmigrantes. Su propósito es asegurar que todas las personas que se encuentren en territorio español tengan derecho a la asistencia sanitaria, independientemente de su situación administrativa. Esto responde a principios de equidad, justicia social y salud pública.

• Restablece el acceso universal al Sistema Nacional de Salud para todas las personas en España.
• Elimina la necesidad de tener la condición de asegurado para acceder a la asistencia sanitaria.
• Garantiza la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.
• Establece mecanismos para la acreditación del derecho a la asistencia sanitaria.

Este Real Decreto-ley tiene un impacto directo en la vida de los ciudadanos, especialmente en la de los inmigrantes que antes no tenían acceso a la sanidad. Ahora, cualquier persona que se encuentre en España, independientemente de su situación administrativa, puede recibir atención médica. Esto incluye desde la atención primaria hasta la especializada, garantizando así la protección de la salud de todos los residentes.

Antes del Real Decreto-ley 7/2018, la reforma sanitaria de 2012 había restringido el acceso a la sanidad a los inmigrantes en situación irregular, quienes solo podían acceder a la atención en casos de urgencia, embarazo o menores de edad. Esta situación generó problemas de salud pública y desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios. El RDL 7/2018 revierte esta situación, volviendo al principio de acceso universal a la sanidad.

Aunque el Real Decreto-ley 7/2018 fue ampliamente celebrado por garantizar el acceso universal a la sanidad, también generó algunas controversias. Algunos sectores argumentaron que podría generar un aumento en la demanda de servicios sanitarios y tensionar el sistema. Otros plantearon dudas sobre la sostenibilidad financiera de la medida. Sin embargo, la mayoría de las críticas se centraron en la necesidad de asegurar una implementación efectiva y garantizar que todas las personas puedan ejercer su derecho a la asistencia sanitaria.