Real Decreto-ley 12/2012

El Real Decreto-ley 12/2012 se creó en un contexto de crisis económica y presión para reducir el déficit público. Su propósito principal era introducir medidas urgentes en materia tributaria y administrativa para aumentar los ingresos del Estado y controlar el gasto público, con el objetivo de cumplir con los compromisos de estabilidad presupuestaria exigidos por la Unión Europea.

• Aumento temporal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
• Modificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
• Medidas de control del gasto en las Administraciones Públicas.
• Revisión de determinados beneficios fiscales.

Este Real Decreto-ley afectó a los ciudadanos a través del aumento de la presión fiscal, especialmente en el IRPF, lo que supuso una reducción de la renta disponible. También impactó en los propietarios de inmuebles debido a la modificación del IBI. Además, las medidas de control del gasto público pudieron afectar a la calidad de algunos servicios públicos.

Antes del Real Decreto-ley 12/2012, existía una situación de déficit público elevado y una necesidad de cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria marcados por la Unión Europea. Las medidas tributarias y administrativas vigentes no eran suficientes para alcanzar dichos objetivos, lo que motivó la aprobación de este Real Decreto-ley.

El Real Decreto-ley 12/2012 generó controversia debido al aumento de la presión fiscal en un contexto de crisis económica, lo que fue criticado por algunos sectores que consideraban que podía frenar la recuperación económica. También se cuestionó la eficacia de algunas medidas para reducir el déficit público y su impacto en la equidad fiscal.