Real Decreto-ley 1/2022

Este Real Decreto-ley se creó para modificar leyes existentes sobre la reestructuración y resolución de entidades de crédito, así como el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Su propósito es adaptar la legislación española a las nuevas exigencias y recomendaciones europeas, fortalecer la estabilidad financiera y mejorar la gestión de activos problemáticos derivados de la crisis financiera anterior.

• Modificación de la Ley 9/2012 sobre reestructuración y resolución de entidades de crédito.
• Modificación de la Ley 11/2015 sobre recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
• Modificación del Real Decreto 1559/2012 sobre el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.
• Adaptación del régimen jurídico de la Sareb a la normativa europea.
• Fortalecimiento de la capacidad de las autoridades para gestionar crisis bancarias.

Este decreto-ley afecta principalmente a las entidades financieras, sociedades de gestión de activos y, en última instancia, a los contribuyentes, al influir en la gestión de activos problemáticos y la estabilidad del sistema financiero. Aunque no tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos, contribuye a la solidez del sistema bancario y a la protección de los ahorros.

Antes de este Real Decreto-ley, la legislación sobre reestructuración y resolución de entidades de crédito y sociedades de gestión de activos necesitaba ser actualizada para adaptarse a las nuevas exigencias europeas y mejorar la gestión de los activos procedentes de la reestructuración bancaria. Esta modificación busca subsanar deficiencias y fortalecer la capacidad de las autoridades para gestionar posibles crisis financieras.

Algunos aspectos de la gestión de la Sareb y la resolución de entidades de crédito han generado controversia, especialmente en lo que respecta a la transparencia y la eficiencia en la gestión de los activos problemáticos, así como el impacto en los contribuyentes. Las modificaciones introducidas por este Real Decreto-ley podrían generar debates sobre su eficacia y la necesidad de medidas adicionales.