Real Decreto 1997/1995, Conservación de la Biodiversidad

Este Real Decreto se creó para transponer la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Su propósito es proteger la biodiversidad en España, asegurando la conservación de los hábitats naturales y las especies silvestres, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental y al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de conservación.

• Establece medidas para la conservación de hábitats naturales y seminaturales, así como de especies de fauna y flora silvestres.
• Crea la Red Natura 2000, una red ecológica europea de zonas especiales de conservación.
• Define los criterios para la selección y designación de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que formarán parte de la Red Natura 2000.
• Establece medidas de protección para las especies de interés comunitario, incluyendo la prohibición de su captura, muerte, daño o destrucción.
• Regula la evaluación de impacto ambiental de proyectos que puedan afectar a los espacios de la Red Natura 2000.

Este Real Decreto influye en la planificación y gestión del territorio, afectando a actividades como la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la construcción y el turismo. Los ciudadanos pueden verse afectados por las restricciones impuestas en las zonas protegidas, pero también se benefician de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que proporciona, como la polinización, la regulación hídrica y la protección contra desastres naturales.

Antes de este Real Decreto, la conservación de la biodiversidad en España se regía por una legislación dispersa y menos específica. La transposición de la Directiva 92/43/CEE supuso un avance significativo al establecer un marco legal más completo y armonizado para la protección de los hábitats naturales y las especies silvestres.

Algunas de las controversias asociadas a este Real Decreto incluyen las restricciones impuestas a las actividades económicas en las zonas protegidas, que pueden generar conflictos con los propietarios de terrenos y los sectores productivos. También existen debates sobre la eficacia de las medidas de conservación y la necesidad de equilibrar la protección de la biodiversidad con el desarrollo económico y social.