Ley sobre Mecanismos Transfronterizos Sujetos a Comunicación de Información

La ley se crea para transponer la Directiva (UE) 2018/822 (DAC6) al ordenamiento jurídico español. Su propósito es combatir la planificación fiscal agresiva y la elusión fiscal a través del intercambio automático de información sobre mecanismos transfronterizos que puedan implicar una ventaja fiscal. Es relevante socialmente porque busca garantizar una fiscalidad más justa y equitativa, evitando la pérdida de ingresos públicos.

• Obligación de informar a la Administración Tributaria sobre mecanismos transfronterizos que cumplan ciertos criterios (denominados 'hallmarks') que indiquen un posible riesgo de elusión fiscal.
• Definición de los 'hallmarks' o señas distintivas que deben tenerse en cuenta para determinar si un mecanismo transfronterizo debe ser comunicado.
• Identificación de los intermediarios (asesores fiscales, abogados, etc.) y, en ciertos casos, los contribuyentes, como los sujetos obligados a declarar estos mecanismos.
• Establecimiento de un sistema de intercambio automático de información con otros países de la Unión Europea.
• Régimen de sanciones para el incumplimiento de las obligaciones de información.

Esta ley afecta principalmente a empresas, asesores fiscales y otros profesionales que diseñan o implementan mecanismos transfronterizos. Les obliga a analizar si estos mecanismos cumplen con los 'hallmarks' definidos en la ley y, en caso afirmativo, a comunicarlos a la Administración Tributaria. Indirectamente, puede afectar a los ciudadanos al contribuir a una mayor transparencia fiscal y a la lucha contra el fraude, lo que podría traducirse en una mayor recaudación y mejores servicios públicos.

Antes de esta ley, no existía una obligación específica de informar sobre mecanismos transfronterizos con potencial de elusión fiscal. La Administración Tributaria dependía de otros mecanismos de control e inspección para detectar estas prácticas. La transposición de la Directiva DAC6 introduce un nuevo nivel de transparencia y facilita la detección temprana de posibles casos de planificación fiscal agresiva.

Algunas controversias pueden surgir en torno a la interpretación de los 'hallmarks' y a la carga administrativa que supone para las empresas y los asesores fiscales el cumplimiento de las obligaciones de información. También se debate sobre la proporcionalidad de las sanciones y sobre si la ley podría afectar a la competitividad de las empresas españolas en comparación con las de otros países con una regulación menos estricta.