Ley de Supresión de las Tasas Judiciales

La Ley 25/1986 se promulgó para eliminar las tasas judiciales que gravaban el acceso a los tribunales, buscando garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva para todos los ciudadanos, independientemente de su capacidad económica. Se consideraba que las tasas eran un obstáculo para el acceso a la justicia, especialmente para los más desfavorecidos.

• Eliminación de las tasas judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social).
• Garantía del acceso gratuito a la justicia para quienes carezcan de recursos suficientes.
• Fomento de la igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia.

Esta ley facilita que cualquier persona pueda defender sus derechos ante los tribunales sin tener que pagar tasas por ello. Esto es especialmente importante para personas con bajos ingresos, ya que les permite acceder a la justicia en igualdad de condiciones.

Antes de esta ley, existían tasas judiciales que debían pagarse para iniciar o continuar un proceso judicial. Esto suponía una barrera económica que impedía a muchas personas acceder a la justicia.

Aunque la ley fue bien recibida en general, algunos sectores criticaron la posible disminución de ingresos para la administración de justicia y la necesidad de buscar fuentes alternativas de financiación.