Ley de Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público

La ley se creó para abordar la alta tasa de temporalidad en el empleo público en España, buscando estabilizar las plantillas y garantizar el acceso a un empleo público de calidad. Pretende resolver la precariedad laboral en el sector público y cumplir con las exigencias de la Unión Europea.

• Establece medidas para la consolidación de empleados públicos temporales.
• Introduce procesos de estabilización mediante concursos-oposición con valoración de la experiencia.
• Fija límites a la contratación temporal en las Administraciones Públicas.
• Previene el abuso de la temporalidad a través de sanciones y medidas de control.
• Prioriza la cobertura de plazas estructurales con personal fijo.

Afecta a los empleados públicos temporales, ofreciéndoles la posibilidad de acceder a plazas fijas a través de procesos de estabilización. También impacta en la organización de las Administraciones Públicas, que deben ajustar sus políticas de contratación para reducir la temporalidad.

Antes de esta ley, la temporalidad en el empleo público era elevada, con un uso excesivo de contratos temporales para cubrir necesidades permanentes. La normativa anterior no establecía medidas suficientes para limitar esta práctica.

Algunos sectores critican que los procesos de estabilización no garantizan la igualdad de oportunidades para todos los aspirantes, mientras que otros consideran que la ley no es suficiente para resolver el problema de la temporalidad en el empleo público.