Ley de Lucha contra la Morosidad

La Ley de Lucha contra la Morosidad se creó para abordar el problema de los retrasos en los pagos entre empresas, que afectaba negativamente a la liquidez y viabilidad de muchas de ellas, especialmente las PYMES. Su objetivo es establecer plazos de pago máximos y medidas para garantizar el cumplimiento de los mismos, promoviendo así un entorno comercial más justo y eficiente.

• Establece un plazo máximo de pago de 30 días para las operaciones comerciales entre empresas y la Administración Pública.
• Permite pactar plazos de pago superiores, siempre que no sean abusivos para el acreedor.
• Establece el derecho a cobrar intereses de demora en caso de retraso en el pago.
• Permite reclamar una indemnización por los costes de cobro derivados de la morosidad.
• Promueve la utilización de medios de pago que permitan acreditar la fecha de pago.

Esta ley afecta a todas las empresas que realizan operaciones comerciales en España, ya que establece plazos de pago máximos y medidas para proteger a los acreedores en caso de retraso en los pagos. Esto contribuye a mejorar la liquidez de las empresas y a reducir el riesgo de impagos.

Antes de esta ley, no existía una regulación específica sobre los plazos de pago en las operaciones comerciales, lo que permitía prácticas abusivas por parte de algunos deudores. Esto generaba incertidumbre y dificultades financieras para muchas empresas, especialmente las más pequeñas.

Algunos sectores han criticado la falta de eficacia de la ley para reducir la morosidad, argumentando que los plazos de pago siguen siendo demasiado largos y que las sanciones por incumplimiento son insuficientes. También se ha debatido sobre la necesidad de establecer mecanismos más efectivos para garantizar el cumplimiento de la ley.