Ley de Libertad Religiosa
La Ley de Libertad Religiosa se creó para desarrollar el derecho fundamental a la libertad religiosa reconocido en la Constitución Española de 1978. Pretende resolver la necesidad de regular las relaciones entre el Estado y las diferentes confesiones religiosas, garantizando la neutralidad del Estado y la libertad de los ciudadanos para profesar o no una religión.
- Garantiza la libertad religiosa y de culto individual y colectiva.
- Establece la aconfesionalidad del Estado, sin que ninguna religión tenga carácter estatal.
- Regula el derecho a recibir asistencia religiosa en centros públicos como hospitales, prisiones y cuarteles.
- Reconoce el derecho a contraer matrimonio religioso con efectos civiles.
- Establece la posibilidad de firmar acuerdos de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas.
La ley permite a los ciudadanos practicar su religión libremente, sin discriminación. Facilita la construcción de lugares de culto, la enseñanza religiosa en las escuelas (aunque de carácter voluntario) y la celebración de festividades religiosas. También afecta a la forma en que el Estado se relaciona con las diferentes religiones presentes en España.
Antes de la Ley de Libertad Religiosa, la religión católica gozaba de un estatus privilegiado en España, y existían restricciones a la práctica de otras religiones. La ley supuso un avance hacia la igualdad religiosa y la libertad de conciencia.
Algunos debates se centran en la financiación de la Iglesia Católica a través de la asignación tributaria del IRPF, así como en la presencia de símbolos religiosos en espacios públicos. También existen controversias sobre los límites de la libertad religiosa en relación con otros derechos fundamentales.