Ley de Extradición Pasiva

La Ley de Extradición Pasiva se creó para regular el procedimiento mediante el cual España coopera con otros países en la entrega de personas reclamadas para ser juzgadas o para cumplir condenas. Busca equilibrar la cooperación judicial internacional con la protección de los derechos fundamentales de la persona reclamada.

• Establece los requisitos y el procedimiento para que España entregue a una persona a otro país.
• Define los delitos por los cuales se puede conceder la extradición.
• Regula las causas por las cuales se puede denegar la extradición, como delitos políticos o falta de garantías judiciales en el país solicitante.
• Establece las garantías procesales para la persona reclamada, como el derecho a la defensa y a un juicio justo.
• Determina el papel de los tribunales españoles y del Gobierno en el proceso de extradición.

Esta ley afecta a los ciudadanos que son reclamados por la justicia de otro país y se encuentran en España. Define sus derechos y las garantías procesales que deben ser respetadas durante el proceso de extradición. También afecta a las relaciones internacionales de España en materia de cooperación judicial.

Antes de la Ley de Extradición Pasiva, la extradición se regía por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y tratados internacionales. La nueva ley buscó modernizar y sistematizar el procedimiento, adaptándolo a los principios constitucionales y a los estándares internacionales de derechos humanos.

Algunas controversias pueden surgir en relación con la interpretación de las causas de denegación de la extradición, especialmente en casos de delitos políticos o cuando existen dudas sobre las garantías judiciales en el país solicitante. También pueden surgir debates sobre el equilibrio entre la cooperación judicial internacional y la protección de los derechos fundamentales de la persona reclamada.