Ley de Expropiación Forzosa Benéfica

La ley se promulgó para facilitar que instituciones benéficas privadas pudieran adquirir terrenos o propiedades necesarias para llevar a cabo sus actividades de utilidad pública, permitiendo la expropiación forzosa en casos donde no se lograra un acuerdo con los propietarios. Buscaba apoyar y promover la labor de estas instituciones en beneficio de la sociedad.

• Autoriza al Gobierno a declarar de utilidad pública bienes a favor de instituciones benéficas privadas.
• Permite la expropiación forzosa de bienes necesarios para fines benéficos.
• Establece el procedimiento para llevar a cabo la expropiación.
• Requiere que la institución benéfica justifique la necesidad de la expropiación para sus fines.

Permite que instituciones benéficas accedan a terrenos o edificios necesarios para sus actividades, como hospitales, asilos o centros de ayuda social, incluso si los propietarios no desean vender. Esto facilita la expansión y mejora de los servicios que estas instituciones ofrecen a la comunidad.

Antes de esta ley, las instituciones benéficas privadas tenían dificultades para adquirir propiedades si los dueños no querían vender, lo que limitaba su capacidad para crecer y ofrecer más servicios. La expropiación forzosa solo estaba disponible para entidades públicas.

Podría generar controversia en cuanto a la justificación de la utilidad pública en cada caso, ya que la expropiación afecta el derecho a la propiedad privada. También podría haber debates sobre la compensación justa a los propietarios expropiados.