Ley de Aguas Canarias
La Ley de Aguas Canarias se creó para establecer un marco legal que garantice la gestión sostenible y eficiente de los recursos hídricos en el archipiélago canario, teniendo en cuenta su escasez y la necesidad de proteger el medio ambiente. Busca resolver problemas de sequía, sobreexplotación de acuíferos y contaminación de aguas, promoviendo un uso responsable y equitativo del agua para todos los sectores.
- Establece la planificación hidrológica como herramienta fundamental para la gestión de los recursos hídricos.
- Regula el uso y aprovechamiento del agua, priorizando el abastecimiento a la población.
- Protege los ecosistemas acuáticos y garantiza la calidad del agua.
- Fomenta el ahorro y la eficiencia en el uso del agua.
- Crea instrumentos económicos para financiar la gestión del agua.
La Ley de Aguas Canarias afecta la vida cotidiana de los ciudadanos al regular el acceso al agua potable, establecer tarifas por el uso del agua, promover el ahorro en el consumo doméstico y garantizar la protección de los espacios naturales relacionados con el agua. También influye en las actividades económicas que dependen del agua, como la agricultura y el turismo.
Antes de la Ley de Aguas Canarias, la gestión de los recursos hídricos se regía por una normativa dispersa y obsoleta, que no se adaptaba a las particularidades del archipiélago ni garantizaba la sostenibilidad de los recursos. La nueva ley introduce una visión integral y moderna de la gestión del agua, basada en la planificación, la participación y la protección del medio ambiente.
Algunos aspectos controvertidos de la Ley de Aguas Canarias incluyen la gestión de los trasvases de agua entre islas, la fijación de tarifas por el uso del agua y la posible afección a los derechos de los usuarios tradicionales del agua. También se debate sobre la eficacia de las medidas para controlar la sobreexplotación de los acuíferos y la contaminación de las aguas.