Ley contra la Morosidad en Operaciones Comerciales

La ley busca reducir los retrasos en los pagos entre empresas, protegiendo a las PYMEs y autónomos de las consecuencias negativas de la morosidad, como problemas de liquidez y viabilidad.

• Establece plazos máximos de pago en operaciones comerciales.
• Introduce el derecho a reclamar intereses de demora y una indemnización por costes de cobro.
• Fomenta la transparencia y la información sobre las condiciones de pago.
• Refuerza la capacidad de las empresas para negociar acuerdos de pago justos.

Afecta a todas las empresas y autónomos que realizan operaciones comerciales, obligándoles a cumplir los plazos de pago establecidos y permitiéndoles reclamar compensaciones en caso de retraso.

Antes de la ley, no existían plazos máximos de pago definidos, lo que permitía a las grandes empresas imponer condiciones de pago abusivas a las PYMEs y autónomos.

Algunos sectores consideran que los plazos de pago establecidos son insuficientes o difíciles de aplicar en la práctica, mientras que otros critican la falta de mecanismos de control y sanción más efectivos.