Ley 2/2020 de modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

La ley se creó para establecer plazos máximos en la instrucción de los procesos penales, buscando agilizar la justicia y evitar dilaciones indebidas que afecten los derechos de los investigados y las víctimas. Responde a la necesidad de equilibrar la eficiencia procesal con las garantías legales.

• Establece plazos máximos para la fase de instrucción de los procesos penales.
• Distingue entre plazos generales y plazos ampliados en función de la complejidad del caso.
• Introduce consecuencias para el incumplimiento de los plazos, como el archivo de la causa.
• Busca garantizar una justicia más rápida y eficaz.

Afecta a los ciudadanos al garantizar que los procesos penales en los que estén involucrados, ya sea como investigados o víctimas, tengan una duración razonable, evitando demoras excesivas que puedan perjudicar sus derechos.

Antes de esta ley, la falta de plazos máximos claros en la instrucción permitía que algunos procesos se prolongaran indefinidamente, generando inseguridad jurídica y posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

Algunos sectores han expresado preocupación sobre si los plazos establecidos son suficientes para investigar delitos complejos, mientras que otros critican la posibilidad de que el archivo de causas por el incumplimiento de los plazos pueda generar impunidad.