Convenio de Extradición España-Colombia (1892)

El convenio se creó para facilitar la cooperación judicial entre España y Colombia en la persecución de delitos, permitiendo la extradición de personas acusadas o condenadas para ser juzgadas o cumplir sus sentencias en el país requirente. Su relevancia social radica en fortalecer la justicia y evitar la impunidad de los criminales que huyen entre ambos países.

• Establece los delitos por los cuales se puede solicitar la extradición.
• Define los procedimientos y requisitos para la solicitud y concesión de la extradición.
• Garantiza que la extradición no se concederá por delitos políticos.
• Establece excepciones a la extradición, como cuando la persona ya ha sido juzgada por el mismo delito.

Este convenio afecta a los ciudadanos al asegurar que los criminales que huyan a España o Colombia no escapen de la justicia, promoviendo la seguridad y el cumplimiento de la ley en ambos países. Facilita la cooperación entre las autoridades judiciales para llevar a los delincuentes ante los tribunales.

Antes de este convenio, la extradición entre España y Colombia se regía por principios generales de derecho internacional y acuerdos bilaterales ad hoc, lo que hacía el proceso más lento y complejo. Este convenio estableció un marco legal claro y específico para agilizar la extradición.

Las controversias pueden surgir en torno a la interpretación de los delitos que justifican la extradición, especialmente en casos donde la legislación de ambos países difiere. También pueden surgir debates sobre el respeto a los derechos humanos del extraditado durante el proceso.